Aunque no se puede congelar a un país en función del pasado, el desarrollo urbano en Tulum está propiciando que el patrimonio, tanto histórico como material, esté siendo "muy amenazado" , reconoció el arqueólogo Roberto García Moll.En entrevista, el presidente del Consejo Nacional de Arqueología recordó que lo que está en juego en ese municipio quintanarroense no son sólo los manglares, sino las playas, la selva e incluso los sitios arqueológicos.
Sin embargo, consideró, hoy se trata de un problema jurídico que no sólo compete al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) , sino a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a Parques Nacionales, pues es un asunto complejo, "vinculado a lo que vemos en todo el mundo: dinero fácil y rápido".
De acuerdo con el funcionario, se trata de un problema entre "poderes" , de ahí que resolverlo sea cosa de definición, alguien tiene que tomarla, las autoridades ya lo están atendiendo y parece que va por buen camino.
Inquirido sobre si existen otros desarrollos que pongan en riesgo el patrimonio, explicó que "sí y no".
Y es que para el arqueólogo, quien participa en la VI Mesa Redonda de Palenque, que se lleva a cabo aquí del 16 al 21 de noviembre, "uno no puede congelar un país en función del pasado, lo que tenemos que hacer es conservar lo muy importante, lo que tiene mayor cantidad de vestigios y alguna relevancia específica".
No se trata, aclaró, de hablar de un sitio monumental, puede ser una pequeña aldea de cazadores y recolectores, según la importancia que tenga, y para eso existe una oficina de salvamento que tiene como objetivo hacer compatible el desarrollo con la investigación.
Por ejemplo, comentó, cuando se quiere hacer el tendido de una línea eléctrica, primero se hace el trabajo de salvamento arqueológico, se recupera información y luego se procede a la obra, "si no fuera así, el país estaría detenido, no tendríamos ciudades, no es un problema fácil" , opinó.
Respecto a si se cuenta con medios para preservar los bienes arqueológicos fuera de sus entornos naturales, García Moll recordó que de acuerdo con la ley, el que va a hacer la obra tiene que pagarlo.
Actualmente, dijo, tienen muy buenos convenios con empresas como Luz y Fuerza del Centro o Teléfonos de México, que hacen un recorrido previo para establecer la conveniencia o no de desarrollar determinados trazos.
Recordó que la labor del Consejo Nacional de Arqueología es "decir sí o no, y si es no, entonces decir cómo sí" es posible, en esos casos, dijo, se recomienda un nuevo trazo y normalmente lo hacen porque pueden hacerlo, aunque eventualmente resultan inviables.
En ese sentido, el director del Proyecto Arqueológico de Yaxchilán añadió que han trabajado de manera muy adecuada con los organismos públicos, pero también con los privados que tienen la obligación de acatar la misma normatividad.
La recomendación en el caso de Tulum, resumió, es que intervenga quien tenga que intervenir y se tomen decisiones, pues en ello "está involucrado el proyecto de país que queremos".
En torno a la construcción del corredor Cancún-Tulum, el Parque Nacional Tulum está siendo afectado por la construcción urbana, el saqueo de material vegetal, la construcción de un tren turístico, la presencia de puestos comerciales de artesanías para los turistas y la gran cantidad de basura arrojada a las zonas del manglar y de selva mediana.
Los efectos del desarrollo urbano en la zona se colocaron en el centro de la discusión cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decidió clausurar todos aquellos hoteles que consideró violaban las normas vigentes para la protección del medio ambiente, leyes forestales y derechos de uso del suelo, e incluso amenazó con demolerlos, no obstante que estaban amparados.
El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) , interpuso una controversia constitucional en contra del municipio Solidaridad, y tratar con ello de mantener como área natural protegida el Parque Nacional y la zona arqueológica de Tulum.
Ello contraviene el Programa de Desarrollo Urbano aprobado el 28 de abril pasado por el gobierno del estado, que permitiría y daría un marco jurídico a la proliferación de hoteles, restaurantes y negocios en la zona que es considerada como de enorme riqueza de vegetal, acuíferos, fauna silvestre y minerales, y que de momento está suspendido hasta determinar si procede o no su implementación.
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